CPCC. Haydith del Águila Valera

Asesora Tributaria

Past presidente de la Cámara de Comercio Tarapoto

Past decana del Colegio de Contadores Públicos de San Martín

 

A Setenta días de la emergencia sanitaria e inmovilidad social prorrogada hasta el 30 de junio de 2020 que privilegia la salud nacional, es innegable que surjan distintas miradas que nos traen al tapete la paralización de las actividades económicas, el grave perjuicio en la población económicamente activa, la aplicación de medidas tributarias que no alcanzan a todos los contribuyentes, programas de reactivación económica con recursos públicos para la pequeña y mediana empresa, y subsidios para los sectores más vulnerables; se evidencia pues la urgencia de las reformas tributarias, laborales, del sistema previsional, sistema de salud, educación, y la descentralización administrativa en ciernes en nuestro país.

En este escenario, en nuestra Amazonia peruana, la más amplia en territorio, pero con menor densidad poblacional en el país, vuelven a surgir tambores de zozobra ante nuestra frágil seguridad jurídica normativa que se constituyen en instrumentos de desarrollo para las inversiones públicas y privadas en la misma.

La Ley de Promoción para la inversión en la Amazonia, promueve la inversión privada y la inversión pública en cumplimiento del rol del Estado; Ley con base constitucional amparada en los artículos 68° y 69° de nuestra constitución, forman parte de la misma las exoneraciones tributarias del Impuesto General a las Ventas y reducción de tasas del Impuesto a la Renta para las actividades agrarias y de cultivo nativo, agroindustriales, turismo, forestal, acuicultura, con vigencia plena hasta el año 2048. Se ha tomado conocimiento del “proyecto de Ley para eliminar la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia”, teniendo al ex ministro Castilla como cabeza visible de difusión de dicho proyecto en los medios nacionales, destacando la “experiencia de San Martín”, como modelo exitoso, y por lo que deben eliminarse las exoneraciones en las otras regiones amazónicas.

San Martín es la única región amazónica en la que fue eliminada el crédito fiscal especial desde el año 2012, mediante Ley N.º 28575 propulsada por el ex gobernador César Villanueva, vinculado a casos en investigación en la actualidad. El crédito fiscal especial permite una deducción del Impuesto General a las Ventas en un 25% del Impuesto General a las Ventas a pagar en la venta de productos fuera de la Amazonia, constituyéndose este importe en ingresos no gravados para el Impuesto a la Renta.

La región San Martín al no tener este beneficio no tiene la posibilidad de competir con los productos del resto de la Amazonia; siendo que a la fecha nuestras empresas más emblemáticas productivas manufactureras, de café, cacao, palmito, palma de aceite, frutas tropicales, entre otros; a la fecha vienen siendo materia de cobranzas coactivas millonarias por el desconocimiento de un beneficio de Ley, restituido a plenitud en la Ley de Promoción para inversión en la amazonia mediante Ley N.º 29742 de julio del 2011; nuestras empresas han agotado instancias administrativas, viéndose obligadas a acudir a instancias judiciales, sin que estas paralicen las cobranzas que devienen en peligro eminente de su continuidad como empresas en marcha.

Es del caso precisar que el Crédito Fiscal Especial canjeada inconstitucionalmente por transferencias directas para el Gobierno Regional de San Martín para obras de infraestructura y desarrollo agroindustrial; sin embargo, son fondos que no han sido utilizados en el desarrollo agrario, mejoramiento de carreteras de penetración en las zonas de cultivo que en la actualidad cuentan en su gran mayoría, por caminos deteriorados por las condiciones climatológicas imperantes en nuestra región; fondos utilizados como garantías en endeudamiento para financiar “proyectos productivos fantasmales”; siendo que a la fecha los presupuestos transferidos ya están comprometidos para pagos del endeudamiento, no permitiendo que la actual gestión regional pueda contar a plenitud para desarrollar los proyectos productivos en marcha.

Como reflexión final, en plena crisis COVID-19, cuando nuestras regiones precisan de seguridad jurídica, actores políticos con marcado desconocimiento de nuestra realidad amazónica, buscan sensibilizar con “proyectos de Ley” para eliminar instrumentos de desarrollo, y confundir a la opinión pública con “experiencias” que no son ciertas, que en su momento solo sirvió para definir sus propios intereses. Solicitamos a nuestras autoridades Nacionales y Regionales el respeto a la seguridad jurídica en la Amazonia; y como Región San Martín solicitamos la eliminación de la Ley N.º 28575, en lo que compete al Crédito Fiscal Especial, por ser una norma que genera grave perjuicio para el desarrollo de las actividades productivas con desarrollo industrial, actividades económicas que siguen apostando por la generación de inversiones, empleos de calidad, formalización, diversificación, mejora de los indicadores macro económicos con las cadenas productivas, y pago de impuestos. La Amazonia con su belleza paisajista, hídrica, exuberante, pujante por sus emprendedores, pero en eminente peligro de sucumbir ante atropellos constitucionales.

#QuedémonosEnCasa